La fe en la mejora del servicio público

 

No podía dejar pasar los comentarios que últimamente he oido de alguno de mis amigos, desmotivados totalmente del servicio público implícito en el sistema democrático español actual, si bien, strictu sensu, puede aplicarse a cualquier país democrático que se os ocurra.

La desmotivación de mis amigos no es infundada. No hablamos sólamente del tema de la corrupción de políticos y funcionarios (representantes en las cámaras parlamentarias y representantes del ente público, respectivamente), sino también la falta de interés de la ciudadanía en temas relacionados con el bien común.

En este sentido, es interesante remitirme al maravilloso trabajo realizado por Horacio González Santos, titulado "Ethics in public service" (La ética en el servicio público), en relación al caso de la aplicación de la Ética al servicio público mexicano. En el mismo, González Santos determina que el principal problema de la moral pública es el llamado "autoritarismo burocrático", contradictorio a la naturaleza del Estado como ente público. Es decir, en palabras menos técnicas, los políticos se transforman en meros burócratas (funcionarios que más que solucionar/mejorar la vida de la ciudadanía, contribuyen a incrementar el desasosiego común). A pesar de que el autor se refiere al ámbito político, mi opinión es que este concepto puede aplicarse a cualquier sector público. Un ejemplo claro de este concepto es el relativo a la Agencia tributaria, que incrementa sucesivamente el papeleo y obligaciones formales (no sólo la presentación de declaraciones tributarias sino también informativas) de los contribuyentes, generando una pérdida considerable de tiempo a las pequeñas empresas y autónomos del país, los cuales en muchos casos tienen que recurrir a asesores fiscales externos, concurriendo en mayores costes del ejercicio.

Por supuesto que este ejemplo es solo uno entre muchos. La mera presentación de una solicitud ante un organismo público incluye, indirectamente, adjuntar informes complementarios, extractos u otros documentos, acudir a otros organismos públicos para pedir información adicional que será suministrada al órgano inicial al que acude el solicitante, llamadas telefónicas, consultas vía Internet, costes de oportunidad y un inmenso daño medioambiental por la enorme cuantía de papeles a presentar, de los cuales muchos datos ya obran en poder de la Administración. ¡A todos nos ha pasado!

Otro ejemplo de la burocracia es la lentitud de los servicios públicos (véase el caso del poder judicial), motivada en muchos casos por la falta de medios de estos servicios (una vez más, piénsese en algunos tribunales de justicia, en los cuales se acumulan expedientes de años pasados en servicios y pasillos, o la lentitud de la sanidad pública, en la cual las derivaciones del médico particular al especialista pueden llevar varios meses según la dolencia).

Sin embargo la burocracia, entendida como tal, no es el único limitador de la eficiencia plena del sector público. Otro defecto palpable unido a la burocracia es la corrupción, en la que interviene la falta de Ética, la cual no puede confundirse con la moral. Según González Santos, el sector político (que él blogger amplía a la totalidad del sector público) carece de "infraestructura ética", de manera que el funcionario público/político corrupto adolece de determinados problemas harto conocidos: tráfico de influencias, manipulaciones, obras públicas tardías, incumplimiento de propuestas realizadas´, corrupción en el sentido amplio de la palabra y distanciamiento de las necesidades y problemas del país.

Está claro: los políticos y funcionarios públicos corruptos no disponen de una cierta infraestructura ética, de tal manera que sus deseos personales (elección futura, poder, reputación, dinero...) sobrepasan a los deseos éticos/morales del bien común, produciendo un sesgo en el ámbito democrático. Véase en ese sentido las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual recoge medidas preventivas para inocular al funcionariado público y políticos de turno las normas de conducta necesarias para el correcto desempeño de sus funciones. El punto 4 del tratado exige imputar sistemas para la declaración de ingresos y control de activos y pasivos por parte de aquellas personas que desempeñan funciones públicas, evitando 'enriquecimientos ilícitos'. Otro texto interesante es la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, con un código de conducta para los titulares de cargos públicos.

Pues bien, esta web considera que tales disposiciones han de ser aplicadas en el sistema democrático. Los instrumentos no dejan de ser sutiles: ya que el fenómeno 'burócrata' y 'corrupto' opera en el ámbito público (sin entrar en detalles sobre el sector privado), la ciudadanía entera debe actuar y construir una sociedad y una Adminsitración pública guiadas por la transparencia, rendición de cuentas y educación. Inclusive debe ubicarse en la agenda pública del Gobierno, en el debate nacional y en el debate académico.

Los instrumentos para tal actuación ya han sido determinados previamente:

1) En primer lugar, la accountability o 'rendición de cuentas', entendida como el control o fiscalización de las decisiones públicas, justificando cada hecho y acto acometido. Esta web propone la formación de una serie de comisiones para llevar a cabo tal propósito, sin tener en cuenta las ya existentes (por otro lado, ineficaces). Tales comisiones, cuya formación y estructura no se tratan hoy aquí, deben regular la rendición de cuentas tanto en las Cortes parlamentarias (diputados y senadores), como en cualquier ámbito local (corrupción de alcaldes y consejales). Además, para preveer la corrupción, se propone la correcta justificación de las decisiones llevadas a cabo por los miembros de dichas agrupaciones, así como la renovación continua de las comisiones controladoras.

Ya que todo funcionario/político dispone de ciertas ventajas por acceder al cargo, debe someterse a un control más exhaustivo en el desempeño de sus funciones.

2) Sanciones proporcionales a la infracción acometida y pérdida de beneficios del ámbito político. Promoción de elementos de castigo a infractores consistentes en multas pecuniarias (dinerarias) y no pecuniarias (publicidad o destrucción de la reputación pública/carrera política, despido o salida inminente del cargo).

3) Utilización de índices nacionales de corrupción y de buen gobierno.

4) Creación de un Organismo público autónomo, para la evaluación de la función pública (políticos y funcionarios), cuya designación pase por el poder legislativo y cuyas decisiones propongan los actos determinados en el punto 2. Se propondría la eliminación de la burocracia de este cuerpo, para evitar cometer los mismos errores que pretende solucionar. Para ello, propongo la aplicación del punto 1 al propio organismo público controlador, así como la renovación continua de sus miembros y el apoyo de los medios de comunicación.

5) Formación ética y moral del sector público, tal y como se ha determinado previamente.

Muchos países han aplicado estas soluciones o partes de ellas a la prestación de servicios públicos, ya sean servicios de carácter político o no, de tal forma que los países nórdicos son los que aparecen en el ranking de corrupción, en gran mayoría, como los más éticos en dicho sector. Países como Finlandia, Noruega o Suiza obtienen los mayores resultados junto a Nueva Zelanza o Singapur. Quienes aparecen en los estratos más bajos de este ranking, basado en la llamada 'Tabla de transparencia' según estudios de Jesus Lizcano para la ONG 'Transparencia Internacional', son países con una cierta interconexión entre la corrupción y la pobreza de los habitantes: Myanmar y Somalia, Chad, Sudán o República Democrática del Congo.

Lizcano destacó que existe una fuerte correlación entre corrupción y pobreza, ya que el 40 por ciento de los países con menos de tres puntos, es decir, aquellos donde la corrupción es percibida como desenfrenada, son naciones pobres. Por esto, subrayó que el desfase en los niveles de percepción de la corrupción en el sector público entre países ricos y pobres es en esta edición "mayor que nunca". Lizcano también recalcó que en los países de Europa Oriental y Sudoriental refleja el efecto positivo que tiene el proceso de adhesión a la UE en la lucha anticorrupción. Mientras tanto, en el continente americano aprueban nueve países y suspenden 23. El país americano donde se percibe una mayor corrupción es Venezuela, que ocupa el puesto 162, mientras que Ecuador se sitúa en el puesto 150. Por el contrario, Chile (22) Uruguay (25) son, tras Canadá (9) y Estados Unidos (20) los territorios en los que se percibe una menor corrupción.

La Tabla de la transparencia, la cual puntúa del 0 al 10 (de mayor a menor corrupción pública) muestra que, mientras los países con bajo nivel de corrupción tienden a sobrepasar el 9, los países más corruptos no llegan al 2, estando España en un nivel intermedio (en un intervalo del 6,7 al 7,1). La característica fundamental que se alega en el caso español es la llamada corrupción urbanística, aunque este blogger opina que dicha categoría de corrupción no es más que una de las múltiples fuentes del problema, las cuales serán tratadas en capítulos posteriores en este blog.

Autores como Horacio González Santos, Lizcano o Giovanni Sartori, opinan que la corrupción de funcionarios públicos de alto rango en países de escasos ingresos implica a los mejor posicionados en el IPC. "Los sobornos suelen provenir de las multinacionales, las cuales tienen su sede en los países más ricos del mundo. Es inaceptable que estas empresas usen el soborno en el extranjero como una estrategia empresarial legítima", añaden desde la ONG de Transparencia Internacional.

Asimismo, señalan que "los centros financieros mundiales son clave para los funcionarios corruptos a la hora de movilizar, encubrir e invertir su riqueza robada". "Los paraísos fiscales, por ejemplo, jugaron un papel crucial en el saqueo de millones en fondos de países en desarrollo como Nigeria y Filipinas, facilitando las fechorías de líderes corruptos y empobreciendo a los ciudadanos bajo el mando de dichos líderes", especifican en la ONG.

Tal y como se determinó anteriormente, una de las soluciones aportadas por mí (y quizá, la más importante) es la rendición de cuentas o accountability, entendida como el control o fiscalización de las decisiones públicas. Hay que resaltar que, aunque no se trataba el aspecto internacional y se adoptaba una postura de rendición horizontal de cuentas entre los distintos poderes públicos, es necesario un control supranacional (de un nivel mayor) o transnacional (entre/más allá de la nación). Las practicas de Rendición de Cuentas también se han globalizado, habiendo surgido una gran cuantía de los denominados 'agentes de rendición de cuentas', los cuales deben ejercer de controladores unos sobre otros: Naciones Unidas, Transparencia Internacional, Amnistía Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Protocolo de Kyoto, Green Peace o el Foro Mundial Social, entre otros muchos.

Es maravilloso observar como todo este proceso contra la corrupción pública no es más que un inmenso proceso de colaboración mutua entre diversas entidades y organizaciones de todo el globo. Entre todos, ciudadanos, ONG's y entidades, debemos insistir en la naturaleza obligatoria de la rendición de cuentas, configurando en un mapa normativo que propulse nuestros pasos y evite nuestros tropiezos futuros en esta materia.

Por otra parte, esta web no quería dejar de escribir este artículo sin tener en cuenta el deber cívico, integrado en la propia denominación de servicio público. Quizá no sea una obligación de la ciudadanía, pero si un derecho y un deber moral, que debe estar incluido necesariamente en un capítulo como éste, titulado "La fe en la mejora del servicio público".

El deber cívico, que para esta web no implica sólo patriotismo como muchos piensan, es, quizá, una 'rendición de cuentas' entendida de forma más coloquial. Realizar tareas de voluntariado, potenciar el altruismo, ir a bancos de tiempo, escribir artículos de denuncia social, efectuar denuncias públicas sobre personas corruptas... son sólo algunos actos que pretenden hacer al lugar en el que vivimos un lugar mejor. Nuestra responsabilidad, como ciudadanos, es elegir el más alto perfil de honestidad que se puede pedir a un ciudadano de un sistema democrático. Como bien ocurre en el control transnacional, sin colaboración mutua, todo es más difícil.

'Las 100 bondades' apoya el voluntariado y el altruismo como actos bondadosos del ser humano. Aunque uno no disponga de tiempo para realizar este tipo de actividades, que es la excusa que más se oye habitualmente, siempre podemos encontrar algo de nuestro tiempo libre y dedicarlo a los más desfavorecidos. Simplemente, si no disponeis de tiempo para utilizar en este tipo de entidades, colaborad virtualmente haciendo cartas o firmando propuestas.

Atentamente,

 

Álex Melic Montañés

 

 

Fuentes bibliográficas:

Horacio González Santos; Ethics in public service.

Jesús Lizcano; Tabla de la transparencia: Transparencia Internacional.

www.hacesfalta.org